En la presente contribución, a partir de la delimitación del bien jurídico protegido y el carácter secundario del Derecho penal, se defiende la idea de que el significado que debe adscribirse al elemento «resolución judicial» es aquella que hace referencia al «auto que contiene el requerimiento judicial, bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público», desarrollándose los argumentos que la respaldan, descartando críticamente las posiciones contrarias y develando las consecuencias jurídicas de esta asunción.
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