Es innegable que el juicio político es un procedimiento de control y de contenido eminentemente político, seguido en su totalidad en el seno del Congreso de la República, el cual tiene la potestad de sancionar a los funcionarios de primer nivel, por razones estrictamente políticas conforme lo señala el art. 99 de la constitución. Si bien nuestra constitución reconoce un juicio político, también podemos reconocer la existencia de una antejuicio.
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