En el derecho penal moderno, el buen funcionamiento de la administración pública constituye uno de los presupuestos fundamentales de la convivencia pacífica en condiciones que resguarden la dignidad de los ciudadanos. Se trata de un bien jurídico que legítimamente merece la tutela penal. Por ello, las legislaciones modernas materializan distintos programas político-criminales orientados a resguardarlo. Muestra de ello es la regulación que trae nuestro Código Penal, cuyo objetivo final es de protección de los diversos aspectos de la administración pública.
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