Es una práctica recurrente invocar los principios de la Ley de Procedimiento Administrativo General cuando se pretende validar decisiones ante situaciones o escenarios límites en las que determinadas normas
son rígidas, equívocas o simplemente no existen. Este uso ubicuo y exible, abre un espacio problemático: ¿hasta qué punto responde a una necesidad legítima y no a una estrategia para eludir límites, redistribuir competencias o reinterpretar el mandato institucional a conveniencia? Una forma de responder a esta pregunta, y a otras de similar tesitura, es hacer un estudio exhaustivo y minucioso del catálogo de principios que establece la LPAG tomando en cuenta sus bases doctrinarias, su desarrollo normativo, su evolución jurisprudencial y su aplicación práctica.
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